“Además de desigual, la justicia en Chile es tremendamente criminalizadora”

Juan Eduardo Baeza.
Hoy, en la entrevista a los candidatos a la Convención Constitucional por el distrito 11 de la lista Movimiento Social Constituyente y La Lista del Pueblo,  Sonia Ulloa, mapuche, en situación de discapacidad y activa gestora de actividades para la infancia y los adultos mayores en Lo Hermida, y Juan Eduardo Baeza, consultor con vocación social y de reconocida trayectoria en el área de la salud, responden a las preguntas de Diario Hoja en Blanco sobre sus propuestas para la nueva Constitución.
Ellos llevarán la voz de las asambleas y organizaciones del Movimiento Social Constituyente que representan a la Convención Constitucional.
 
El distrito 11 está conformado por las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes,  La Reina y Peñalolén.
 
En cuanto a la estructura del Congreso Nacional, ¿qué proponen Uds. para un mejor funcionamiento de dicha institución en cuanto a cumplimiento de sus metas? ¿Cree Ud. que un Congreso Unicameral sería adecuado? ¿Por qué?
 
-Todas las candidaturas estamos muy de acuerdo con lo emanado desde las organizaciones sociales y movimientos nacionales donde se señala que el Congreso debe ser unicameral. Esto porque no tiene sentido que existan dos cámaras revisoras de proyectos o mociones de ley, donde se repiten las comisiones temáticas, lo que hace aún más burocrático que un proyecto se convierta en ley. Tenemos el ejemplo claro de la reforma al Código de Aguas que cumplió 10 años siendo tramitada, los mismos diez años que llevamos de sequía y aún no se puede priorizar el consumo humano, mientras cientos de compatriotas se van quedando sin acceso y sin la garantía de acceder a agua potable y saneamiento.
 
¿Cómo creen Uds. que podría ejercerse control ciudadano sobre las instituciones y los poderes del Estado? ¿Qué medidas prácticas propondrían Uds. incorporar a la Constitución?
 
-En cuanto a la organización política administrativa tenemos varias propuestas que salieron en nuestros conversatorios y tienen que ver con: El reconocimiento de la autonomía de las regiones/territorios, transfiriendo el poder de decisión sobre políticas públicas, y proyectos de inversión a desarrollarse; la creación de una partida en el Presupuesto Nacional destinada a las comunas y gestionada por ellas; la generación de mecanismos de fiscalización ciudadana a los partidos políticos; el reconocimiento por parte del Estado del rol de las organizaciones sociales y comunitarias y el mandato territorial como base de las políticas públicas del país; la participación política vinculante de la ciudadanía, a través de consultas comunitarias y populares: en el ámbito de presupuestos públicos, la planificación territorial, evaluación de proyectos de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica, y demás políticas, planes y programas  públicos; la formación de gobiernos locales descentralizados; la incorporación ciudadana en la generación de proyectos comunales, políticas regionales (CORES) y nacionales (Congreso); el aseguramiento de la democracia directa, consagrando a nivel nacional la iniciativa Popular de Ley y Plebiscito Vinculante; la reformulación del funcionamiento de las municipalidades estableciendo un Consejo municipal de carácter rotativo, compuesto por delegados comunales con mandato de sus barrios/territorios; la restructuración de las Juntas de Vecinos mediante un marco legal que asegure su autonomía, el carácter democrático de la elección, renovación y liderazgo local de sus directivas, con miras a posibilitar un cumplimiento efectivo del mandato de las comunidades; y, finalmente, la incorporación de las comunidades en los directorios de las empresas de Servicios Básicos esenciales.
 
¿Qué instituciones de las siguientes consideran Uds. que deberían ser reformadas y cómo: Tribunal Constitucional, Banco Central, SII, Contraloría General de la República, Superintendencias, Fiscalía Nacional Económica?
 
-Desde las asambleas ha aparecido la refundación de dos entidades esenciales: En primer lugar, del Tribunal Constitucional donde actualmente sus integrantes son elegidos por el presidente, el Congreso y la Corte Suprema. Creemos que esta entidad debe ser fiel representante de los intereses del pueblo soberano para resguardar la nueva Constitución, por ende, deben ser elegidos a través de elecciones democráticas y no deben elegirse estos cargos como ocurre actualmente en que se reparten cuotas políticas designadas por los tres poderes del Estado, tan deslegitimados antes y después del Estallido social.
 
También creemos que el poder judicial debe ser refundado en primer lugar porque la designación de fiscales ha permitido la impunidad de la clase (élite) económica y la clase política fundida en los casos de boletas falsas para el financiamiento ilegal de campañas políticas y la incidencia en proyectos de ley. Esto profundiza la corrupción, no permiten el avance de la justicia.
 
En segundo lugar porque el sistema procesal penal es profundamente desigual: quienes tienen recursos económicos no van a la cárcel y se les otorgan medidas punitivas irrisorias, como clases de ética, mientras quienes no tienen recursos pueden pasar más de un año en prisión preventiva vulnerándoles todos sus derechos.
 
¿Cuál es su parecer sobre la administración de Justicia en nuestro país? ¿De qué manera la percepción ciudadana sobre la justicia chilena podría mejorar?
 
-No solo como candidaturas, sino como movimiento y sociedad creemos que existe un consenso en que hay justicia para ricos y para pobres y que además de desigual, la justicia en Chile es tremendamente criminalizadora cuando se trata de quienes defienden derechos sociales o ejercen su legítimo derecho a manifestarse. Creemos que la manera de mejorar la percepción es cambiar el sistema procesal a un sistema garante de derechos, que no abuse de las prisiones preventivas, que aplique justicia en igualdad de condiciones sin importar los recursos económicos y principalmente que se desligue el poder judicial del poder ejecutivo al terminar con la designación a dedo de fiscales, para que no siga habiendo impunidad de nuestra clase política y (la élite) económica.
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