Por MIGUEL LAWNER, Crónica N° 3, 14 de marzo de 2023

La nacionalización del cobre fue la medida más importante del gobierno del Presidente Salvador Allende y la Unidad Popular. Constituye una de las realizaciones trascendentes de nuestra historia.

Fui incluida en el programa de las cuatro candidaturas de Allende. Aparece ya en su campaña de 1952. Un año antes, los senadores comunistas Salvador Ocampo y Elías Lafferte, habían presentado en el Senado el primer proyecto de nacionalización del cobre.

Durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), se desarrollaron dos iniciativas orientadas a aumentar el control nacional sobre la principal riqueza del país: la “chilenización del cobre” y la “nacionalización pactada”. La primera debía durar 20 años. Fracasó y a los cuatro años debió ser sustituida por la “nacionalización pactada,” que sufrió igual suerte. Radomiro Tomic uno de los líderes de la DC reconoció el fracaso de estas fórmulas, e incorporó al programa de su candidatura presidencial de 1970, derechamente la nacionalización del cobre. Denunció que las compañías norteamericanas conscientes de que se avecinaba la nacionalización “se dedicaron a florear las minas”, es decir, a explotar selectivamente los minerales de alta pureza, a fin de obtener el máximo de utilidades en el escaso periodo de tiempo que les quedaba.

Por la recuperación del cobre pasaba la posibilidad de alcanzar la independencia económica para Chile y el ejercicio pleno de su soberanía. La riqueza del cobre debía cimentar la nueva sociedad que se quería construir. No era posible, además, que siguiera una expoliación que duraba décadas. Allende denunció cifras impactantes, en su discurso de Naciones Unidas en diciembre de 1972: “con una inversión inicial de unos 30 millones de dólares, en 42 años las compañías habían retornado más de 4 mil millones de dólares de ganancias”.

En diciembre de 1970, el presidente de la República Salvador Allende, envió al Congreso, el proyecto de nacionalización del cobre. El Ministro de Minería era Orlando Cantuarias y Hernán Soto su subsecretario. El jurista Eduardo Novoa, fue fundamental en la preparación del proyecto y en su trámite parlamentario. Allende firmó un decreto, estableciendo el monto que por concepto de rentabilidades excesivas, debía deducirse de las indemnizaciones a pagar a las empresas norteamericanas [1]. La nacionalización se materializó mediante una Reforma Constitucional.

En el proceso de consolidación de la nacionalización del cobre, correspondió un papel destacado a Jorge Arrate, nominado Vicepresidente de CODELCO. También jugó un rol importante, el joven ingeniero David Silberman, primer Gerente General de la División Chuquicamata [2].

El 11 de julio de 1971, el Congreso pleno aprobó por unanimidad la nacionalización del cobre. La derecha no se atrevió a rechazar la Reforma Constitucional que la hizo posible. Cinco días más tarde, fue publicada en el Diario Oficial y el Estado tomó inmediatamente el control de yacimientos y empresas nacionalizadas.

Comenzó una labor titánica. Se trataba de elevar la producción superando los escollos derivados de los incumplimientos de los planes de expansión, del “floreo” de las minas y del éxodo de los técnicos extranjeros, estimulados por las compañías norteamericanas. Grupos de supervisores, remunerados en el llamado “rol oro” levantaron una fuerte oposición para mantener sus privilegios: recurrieron a huelgas y hasta a sabotajes. Poco a poco la situación se fue normalizando. El cobre produjo más que antes de la nacionalización.

Al cumplirse un año de la misma, el gerente general de Chuquicamata, David Silberman, respondió en El Mercurio a críticas afirmando que los aumentos de producción eran insuficientes: “Se ha sostenido además que estas cifras (las de producción) deberían haber sido superiores porque se habrían efectuado grandes inversiones en los planes de expansión. Efectivamente, estos planes existieron y el país aún los está adeudando. Pero las cifras en que se habían señalado como sus metas no corresponden a la realidad físico técnica”.

Silberman añadía detalles técnicos y se extendía en el tema de las relaciones con los trabajadores en las cuales reconocía la existencia de retrasos y en la participación de los técnicos, cuya edad promedio era de 31 años. Terminaba orgullosamente afirmando lo siguiente: “La conclusión es una sola: cifras más, cifras menos, problemas más, problemas menos, los chilenos se la han podido. La nacionalización es un éxito, pese a quien pese”.

Las cifras muestran el aumento sostenido de la producción en la Gran Minería en esos años.

Se iniciaron nuevos proyectos. Se incentivó la investigación científica y tecnológica con el apoyo del Centro de Investigaciones Mineras y Metalúrgicas (CIMM), de las universidades e incluso de técnicos militares. Se establecieron convenios con industriales y empresarios chilenos de abastecimiento para la Gran Minería.

Se multiplicaron las actividades de educación, culturales y de recreación en los campamentos y se mejoraron las condiciones medioambientales y de atención de salud. Se inició un camino que, a pesar de la desnacionalización de la riqueza minera y la apropiación de la misma por las transnacionales, ha significado por concepto del aporte de Codelco más de cuarenta mil millones de dólares para el Estado chileno en 37 años.

Entretanto, la nacionalización siguió su curso mediante la determinación de las indemnizaciones que correspondió hacer al Contador General de la República. Una vez determinada, correspondía al Presidente de la República ordenar deducir de las mismas las utilidades percibidas por las compañías más allá de las consideradas normales, desde 1955, año de la ley 11.828, llamada de Nuevo Trato del Cobre. Todo esto de acuerdo a la norma constitucional aprobada por la unanimidad del Congreso. Allende lo explicó así en su discurso ante Naciones Unidas: “… de acuerdo con disposiciones constitucionales reparamos una injusticia histórica al deducir de la indemnización las utilidades percibidas por ellas, más allá de un 12% anual a partir de 1955”.

Las utilidades de las compañías habían sido notoriamente excesivas: Braden, filial de Kennecott había tenido como promedio anual una utilidad del 52% y Chile Exploration, filial de de Anaconda en Chuquicamata y El Salvador, una utilidad promedio del 21,5% anual. Las deducciones fueron, por lo tanto, fortísimas. Kennecott y Anaconda no recibieron retribución del Estado de Chile. Sí la recibiría en cambio Cerro Corporation, dueña de Andina, que no había percibido utilidades excesivas.

Más allá del camino judicial en Chile, las compañías emplearon otras armas. En connivencia con el gobierno del presidente Richard Nixon, Estados Unidos estableció el tema del cobre y la nacionalización como el obstáculo principal que impedía relaciones normales con Chile. Presionó a fondo. Hubo un bloqueo de hecho a la exportación de repuestos e insumos para la Minería chilena. Se cumplía la amenaza del embajador Korry que antes de que Allende fuera Presidente advertía que “ni un tornillo ni una tuerca” llegarían a Chile si se nacionalizaba el cobre en condiciones no satisfactorias para las compañías. Los préstamos a Chile cayeron en picada casi hasta interrumpirse por completo. Las compañías recurrieron a los tribunales europeos para embargar el cobre producido por las empresas nacionalizadas que se exportara a países de Europa occidental. Sus demandas fueron rechazadas.

Tal como lo afirmó Allende, “el cobre es el sueldo de Chile”. Imposible calcular ahora la totalidad de los ingresos generados al país, desde el año 1974 hasta ahora. Citemos solo la siguiente cifra: «El cobre aportó más de US$ 108.000 millones al Estado entre 2000-2019, representando un 13,1% de los ingresos fiscales del periodo. Además, es la principal fuente de divisas con más de US$ 45.000 millones cada año de ventas al exterior, representando sobre el 55% de las exportaciones de Chile”. «El cobre aportó más de US$ 108.000 millones al Estado entre 2000-2019, representando un 13,1% de los ingresos fiscales del periodo. Segundo, es la principal fuente de divisas con más de US$ 45.000 millones cada año de ventas al exterior, representando sobre el 55% de sus exportaciones de Chile” [3].

Como cabía suponerlo, en 1974, la dictadura indemnizó en cientos de millones de dólares a las empresas norteamericanas, como prerrequisito para recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros, pero no se atrevió durante todo su mandato a revertir una aspiración tan anhelada por el pueblo chileno.


[1] El texto del Decreto Supremo N° 92. 1971, se encuentra en: Eduardo Novoa: “La batalla por el Cobre: comentarios y documentos”. Editorial Quimantú. 1972. Pg. 440-446.
[2] David Silberman, se presentó voluntariamente después del golpe ante al Comandante Militar de Calama, Fernando Reveco, quien lo dejó detenido y juzgado por un Tribunal Militar en Tiempos de Guerra de Calama, que ordenó su traslado a la Penitenciaría de Santiago. Un año más tarde, fue secuestrado desde allí por personal de la DINA y trasladado a diferentes centros de detención clandestina, desde los cuales nunca apareció, siendo torturado, asesinado y su cadáver fue, probablemente, arrojado a las aguas del Océano Pacífico.
[3] ¿Es cierto que el cobre es el sueldo de Chile? La minería de cobre aportó un 11,5% del PIB del país en 2020 y durante 2000 y 2019 representó un 13,1% de los ingresos fiscales del país. PAUTA. por MARTINA CASAS Y MARTÍN ESTUARDO. VIERNES 5 DE NOVIEMBRE DE 2021